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Pensiones, bomba de tiempo para la economía mexicana

Tomado de e-Legislativo.mx 

Hay desinterés de los trabajadores mexicanos en saber cómo se maneja el dinero que formará su pensión. “Es un robo. Si revisamos casos aislados de los trabajadores puede verse que les quitan más de un millón de pesos por pensionado
Tere López Zamudio
Ciudad de México, México / 2017-10-02

La opacidad con la fue armado el manejo de las Afores desde el Congreso de la Unión tiene al sistema de pensiones a punto de la quiebra y a la economía mexicana sobre una bomba de tiempo, advierten investigadores al comprobar que en el Presupuesto de Egresos enviado por la Federación para 2018 se sigue apostando en utilizar los recursos de las jubilaciones como “caja chica” con el riesgo de dejar a millones de trabajadores con las manos vacías.

Tal como ha ocurrido con el modelo de pensión chileno, el sistema mexicano de pensiones y jubilaciones está a punto de colapsar porque el gobierno utiliza los fondos de los trabajadores en el gasto corriente y no para inversión que dejé dividendos, explica el abogado y representante de la Organización de Jubilados y Pensionados de la Universidad Nacional Autónoma de México (OJUPE), Humberto Luna y advierte que nadie sabe dónde están los rendimientos y recursos que deberían integrar el fondo de pensiones, cuyo monto se estima en alrededor de 10 billones de pesos.

Y es que, en virtud de una población en envejecimiento a pasos agigantados, de un número cada vez menor de trabajadores formales, aunado a la falta de ahorro voluntario y a los pocos mecanismos para cubrir los gastos del gobierno, el sistema de pensiones se ha convertido en la principal herramienta para operar financieramente y generar liquidez para el gobierno de la República, recursos que maneja con una enorme opacidad y sin rendir cuentas sobre la utilización de dichos recursos.

El proyecto de Egresos para 2018 enviado por el Ejecutivo contempla 700 mil millones de pesos sólo para el pago de pensiones; la cifra es enorme y equivale al 10 por ciento del presupuesto programable, mayor que el presupuesto otorgado a las secretarías de Educación, Desarrollo Social y Salud, en conjunto.

Esos 700 mil millones de pesos se irán a las 59 millones de cuentas concentradas en las 11 Afores existentes en el país, pertenecientes a los 39 millones de trabajadores afiliados a algún sistema de seguridad social y cuyo fondo total resulta en la cifra citada cercana a los 10 billones de pesos.

“Por el momento nadie tiene claridad de dónde están esos 10 billones de pesos. Si esos recursos se fueran a inversión productiva aún existirían, sin embargo, este dinero se ha utilizado para cubrir los consumos gubernamentales”, afirma Humberto Luna, al explicar que en los años recientes el principal usuario y consumidor del dinero de los trabajadores y manejado por las Afores, ha sido el propio gobierno de la República, al usar tales fondos para cubrir su gasto corriente (consumido en pago de sueldos y salarios y compra de insumos, etc., gasto que no produce ni interés ni utilidades) y tal uso indebido impide que ese dinero se mantenga, se eleve como resultado de inversión, sino que vaya mermando a pasos alarmantes.

“Es como si una familia pidiera un préstamo y en lugar de utilizarlo para crear un negocio y generar más recursos, se utilizar para comprar alimento o en unas vacaciones; ese dinero no tendría modo de recuperarse. Así, el dinero ahorrado por los trabajadores está siendo utilizado para cubrir los gastos que tiene el gobierno en sus distintos niveles, pero sin un retorno de inversión”, explica.

“Cuando se denunció ‘La estafa maestra’, el informativo Animal Político descubrió un fraude por 7 mil millones de pesos. Ahora imaginen que anualmente accedas a 700 mil millones de pesos para la seguridad social. No existen datos, ni fuentes de información de cuánto de ese dinero verdaderamente se entrega a los trabajadores, ni a quien se entrega, ni cómo ni cuándo. No sabemos a dónde se va ese recurso”, precisa Giovanni Jiménez Bustos, investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.

Y señala que sólo hay información disponible sobre los montos entregados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y se desconoce totalmente cómo maneja esos fondos el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), institución que concentra el 90% de las pensiones de los trabajadores formales del país.

En este sentido, el jurista Humberto Luna enfatiza respecto a la administración de los fondos de retiro como un esquema de despojo para los trabajadores, en el que empresarios y gobierno son cómplices. Abunda en ese sistema ganar-ganar del gobierno, pues emplea el dinero de los trabajadores para su gasto corriente y los empresarios de esa manera incrementan ganancias a través de las Afores.

“Como el gobierno ya no dispone de los fondos de Pemex para cubrir sus gasto corriente, aprovecha el dinero que proviene de las pensiones. Este año, los fondos de retiro llegarán a 2.8 billones de pesos y ese monto se está utilizando para cubrir los gastos del gobierno”, acusó el abogado al explicar que al menos el 70% de esos recursos se usa en el gobierno como deuda interna.

Ahora bien, tras revisar el presupuesto de Egresos de 2018, Giovanni Jiménez Bustos advierte señales de alerta en la petición de deuda para este año, pues el gobierno omite la deuda externa y concentrará su endeudamiento en deuda interna. En la iniciativa de egresos contempla una petición de 495 mil millones de pesos, a partir de los recursos obtenidos de los trabajadores formales a través de las Afores, con los que el Ejecutivo solventará la petición de deuda gubernamental total.

“El gobierno le pide al Banco de México que coloque CETES, las Afores compran esos CETES y entonces el gobierno destina ese patrimonio para financiar gasto público”, precisa el especialista en sistema de pensiones y recuerda que, conforme a la Ley de Deuda Pública, el gobierno sólo se puede endeudar para generar infraestructura pública, y de esa tarea no hay evidencias, por lo que al parecer no la está realizando.

“Cuando uno piensa en infraestructura pública, se nos viene a la mente lo del socavón de Cuernavaca y la avalancha de irregularidades con las licitaciones en todas las dependencias gubernamentales, de lo más corrupto que hay”, afirma Jiménez Bustos, y coincide con Humberto Luna en que uno de los principales elementos de ingreso para el gobierno federal en los últimos años ha sido el sistema de pensiones para sustituir los ingresos petroleros a la baja durante ya un largo lapso.

De ese modo, explica el representante de los jubilados, cada vez será más frecuente que el gobierno retrase el pago de pensiones a los trabajadores, que les dé largas o retarde los procesos burocráticos para otorgar la pensión, y así llegará el momento de no disponer de recursos para pagar a los trabajadores.

“Es un robo. Si revisamos casos aislados de los trabajadores, podemos ver merman su pensión con más de un millón de pesos por pensionado”, expresa Humberto Luna, luego de señalar las absurdas justificaciones que sobre las bondades de los sistemas de pensiones realizan algunos investigadores, quienes prefieren quedarse en las cifras macro para no entrar a los casos individuales de cada trabajador, casos en los se puede observar a detalle dichas irregularidades.

Así pues, explica a través de la lógica de posesión por despojo, las reformas estructurales de los últimos años han tenido como fin facilitar la mercantilización de ámbitos donde antes no tenía cabida el mercado, “como los gobernantes están impuestos por los dueños del capital, su trabajo como gobierno se enfoca a beneficiar los intereses de las corporaciones y no les importa la suerte de la gran mayoría de las personas que vivimos aquí”, afirmó el jurista de la UNAM.

Y resaltó que en el caso de las Afores, éstas pueden invertir libremente los recursos de los trabajadores y ni siquiera la CONSAR dispone de instrumentos de coerción para ir más allá de las multas, de tal modo que, las distintas Afores tienen la oportunidad de incumplir la ley y permanecer libres de culpa solamente pagando una multa generalmente mínima en comparación de sus ganancias.

IGNORANCIA, EL MEJOR ALIADO DEL GOBIERNO

“Mientras los trabajadores de este país no tomen el problema en sus manos, nada se va a resolver”, anticipa Humberto Luna y reconoce como mayor problema la ignorancia y desinterés de los trabajadores quienes generalmente desconocen la situación de sus pensiones y sólo se ocupan de ellas hasta el momento de solicitarla.

“Esto es una bomba de tiempo y se van a empezar a preocupar cuando en el 2020 o antes, el gobierno les diga que no tiene dinero para pagar sus pensiones”, afirma el representante de los jubilados de la UNAM, quien precisa además que para abastecer las pensiones de la generación de transición (la que empezó a cotizar antes de 1997), el gobierno necesitará más de 10 billones de pesos, dinero que no posee.

“Cuando sólo 1 de cada 10 trabajadores sabe en qué Afore se encuentra su dinero, mientras el resto eligió su Afore por la persona que lo invitó a ella, se hace palpable el desinterés de los trabajadores mexicanos por saber cómo se maneja el dinero destinado a su futura pensión.

“De entrada hay una disparidad entre el número de cuentas y de trabajadores: mientras las Afores reportan un total de 57.4 millones de cuentas, el número de trabajadores afiliados es de 39 millones, es decir, 18.4 millones de cuentas son cuentas duplicadas y es que un mismo trabajador puede tener cuentas en distintas Afores sin saberlo y las Afores aprovechan esta circunstancia pues reciben comisión por cada cuenta”, detalla Humberto Luna.

Y agrega que son pocos los trabajadores que saben cómo están manejando sus recursos las Afores, en qué están invirtiendo su dinero y qué rendimiento van a recibir.

Lo grave, señala, es que ante la ley el único responsable de cómo se maneja su dinero es el propio trabajador, de modo tal que si la Afore en la que están inscritos decide jugar su capital en la Bolsa de Valores, en instrumentos de alto riesgo o bonos basura y pierde, quien resentirá dicha pérdida es el trabajador, la Afore no tendría responsabilidad alguna, ni hay seguro que cubra ese desfalco al pensionado.

“La mayoría de los trabajadores no sabe cómo se están manejando sus Afores. Una vez que el trabajador manda el dinero a esa Afore, le delegas la oportunidad de que invierta tu dinero como mejor le parezca, incluyendo bonos basura”, explica a su vez Giovanni Jiménez, el investigador del CESOP, mientras aclara que la información de las Afores es pública y es responsabilidad del trabajador o de su líder sindical averiguar en qué se está invirtiendo su dinero.

EL CAMINO, UNA REFORMA MAYOR AL SISTEMA DE PENSIONES

Ante el oscuro panorama delante del futuro cercano, la posibilidad de modificar el sistema de pensiones no sólo parece necesario sino urgente.

Según los investigadores, para el 2020, es decir, en 3 años, llegará la primera generación de personas jubiladas bajo el nuevo sistema de pensiones y según sus cálculos, la mayoría de esa generación no recibirá más de 1 salario mínimo como pensión. Así, los trabajadores afiliados con el nuevo esquema de pensiones, incluso estando en la Afore de mejor rendimiento sólo recibirán el 35% del último sueldo que percibieron.

“En 2020 tendremos el primer grupo de trabajadores a pensionarse con el sistema de cuentas individuales y la mitad de ellos no reúne los fondos suficientes para tener la pensión mínima garantizada con monto de salario mínimo. Es una cadena perpetua”, expresa Humberto Luna para luego señalar que ante esa circunstancia el gobierno deberá liberar algunos recursos para devolverlos a los adultos mayores de 65 años, como recientemente hicieron con quienes no estaban trabajando y debían pensionarse y las Afores carecían de recursos. Van a inyectar dinero

Si se toma como ejemplo la participación de la sociedad en la atención del sismo del 19 de septiembre pasado, Humberto Luna previene que sin la organización de la gente no habrá forma de corregir el sistema de pensiones, pues desde su perspectiva está diseñado para profundizar las diferencias económicas, en virtud de que los gobernantes son representantes y socios de los dueños del capital y advierte que la estrategia de aplicar la recientemente adaptada Unidad de Medida de Actualización (UMA) a las pensiones, en sustitución del salario mínimo como medida de referencia, se reducirá aún más el nivel de ingreso de los trabajadores jubilados.

Entonces tendremos una población de adultos mayores en aumento —según las cifras del Consejo Nacional de Población para el 2020 habrá en México más de 9 millones de adultos mayores de 65 años— y un alto porcentaje de ellos estarán obligados a seguir trabajando porque el dinero que recibirán como pensión no les permitirá estar por encima de la línea mínima de bienestar.

“Se requiere una reforma al Sistema de Pensiones, el sistema actual va a tronar. Nadie le quiere entrar al toro por los cuernos; la reforma en pensiones es una reforma técnica, pero hay muy pocos en todo el país que entiendan claramente cómo funciona”, afirma Giovanni Jiménez.

Y anticipa que los nuevos legisladores que arriben a las Cámaras el próximo año deberán buscar asesoría y hacer caso a especialistas en el tema como Carlos Noriega o Pedro Colmenares.

“Al hacer números, lo primero por hacer es ya no calcular el valor del riesgo, sino la esperanza de quiebra. La teoría espera que el trabajador decida de cuánto son las aportaciones que debe hacer para retirarse con un salario aceptable cuando cumpla 65 años. El trabajador no lo puede hacer y no le corresponde hacerlo”, explica Giovanni Jiménez, y anticipa que la reforma al sistema de pensiones tendría que ir de la mano con una política social competitiva para garantizar mejores salarios y así reactivar la economía interna.

“El dinero del sistema de pensiones tendría que irse a proyectos generadores de mejores rendimientos económicos y no a la Bolsa Mexicana de Valores”, dice el también doctor en Desarrollo y Finanzas, y señala como primer paso la inversión en dos tipos de instrumentos financieros: los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAs) y los Certificados de Capital de Desarrollo (CECADES).

Ambos instrumentos, consideró, aportarán ganancias mayores, de haber alguna hoy, y certidumbre para los trabajadores, pues dichos instrumentos de inversión disponen del respaldo de los inmuebles construidos con esos fondos y por lo tanto de mayores posibilidades de recuperación de su dinero.

Para el especialista, el camino estaría en obligar a las SIEFORES responsables de administrar las inversiones de las Afores para que sea exigible por ley invertir en estos instrumentos en lugar de hacerlos en papeles de renta variable, destaca el investigador del CESOP.

Por su parte, Humberto Luna, señala como ruta a seguir, que los trabajadores soliciten sus estados de cuenta, soliciten mejores servicios de salud y exijan a las Afores una explicación clara sobre en qué están invirtiendo sus recursos, cuáles son sus rendimientos. Los trabajadores deben estar atentos a los movimientos de sus cuentas.

Aunque oficialmente todas las sociedades de inversión están obligadas a informar al público inversionista cómo se utilizan sus ahorros, en los hechos esto no ocurre y en la mayoría de los casos todas las Afores han registrado pérdidas en sus inversiones. “Pensionissste es la única Afore que no ha reportado pérdidas y que reinvierte las ganancias en el mismo ahorro del trabajador”, señala el abogado al describirlo como un caso de excepción.

Finalmente, indica que los trabajadores tendrían oportunidad de ampararse ante los malos manejos de las Afores o solicitar la rescisión del contrato, cuando a través de los estados de cuenta, se logra demostrar que el depositario no cumple con los preceptos de ley y se acredita que está administrando mal los recursos o cuando haya indicios de fraude, entonces la Afore está obligada a reembolsar el dinero de su asegurado y sería el Banco de México el responsable de administrarlos y rendir cuentas al trabajador.

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